Los marroquíes, en el punto de mira de Vox: nacionalidad, remesas y derechos sociales

El discurso de Vox contra la inmigración ha ampliado su alcance. El partido liderado por Santiago Abascal ya no limita sus propuestas al control de las fronteras y a la restricción de nuevas llegadas, sino que plantea medidas que afectarían también a personas plenamente integradas en la sociedad española y que han adquirido la nacionalidad. Entre los principales colectivos señalados figuran los ciudadanos de origen marroquí.

El programa electoral de la formación incluye la revisión de determinados expedientes de nacionalidad, la imposición de gravámenes a las transferencias de dinero al extranjero y nuevas restricciones en el acceso de la población extranjera a prestaciones y servicios públicos.

La cuestión de la nacionalidad ocupa un lugar destacado en esta estrategia. Vox cuestiona la situación de más de 300.000 españoles de origen marroquí que obtuvieron la ciudadanía durante la última década, alegando que algunos mantienen su nacionalidad de origen pese a haber declarado su renuncia al adquirir la española.

Las cifras reflejan la dimensión de este proceso: en 2017 se concedió la nacionalidad española a 17.082 ciudadanos marroquíes, mientras que en 2023 la cifra ascendió a 54.027.

Abascal ya había abordado esta cuestión en una entrevista concedida a Onda Cero el pasado 4 de noviembre, en la que sostuvo que España y Marruecos carecen de un convenio de doble nacionalidad y calificó de fraudulenta la situación de quienes conservan ambas nacionalidades.

Sin embargo, el marco jurídico presenta importantes matices. El artículo 23 del Código Civil español exige a los ciudadanos marroquíes que declaren su renuncia a la nacionalidad anterior, pero no obliga a presentar un documento que certifique su pérdida efectiva.

Por su parte, la legislación marroquí establece que la pérdida de la nacionalidad requiere una autorización mediante decreto, cuya publicación determina la fecha en que produce efectos.

Además, el ordenamiento español contempla una protección para quienes hayan utilizado su nacionalidad de forma continuada y de buena fe durante diez años, lo que limita las posibilidades de revisar expedientes antiguos.

Una situación de doble nacionalidad que tampoco es exclusiva de los ciudadanos marroquíes, ya que existen casos similares entre españoles de origen británico y estadounidense.

La ofensiva política de Vox se extiende también al terreno económico. La formación propone gravar el dinero que los inmigrantes residentes en España envían a sus familiares en el extranjero.

Como referencia, menciona una medida aplicada en Estados Unidos desde comienzos de 2026, que establece un impuesto del 1 % sobre determinadas transferencias.

El partido sostiene que los recursos generados en España deben beneficiar prioritariamente a su economía y a su población, aunque todavía no ha concretado el porcentaje ni el alcance de la tasa que pretende introducir.

La propuesta plantea, además, interrogantes jurídicos y fiscales, dado que los ingresos de los trabajadores migrantes ya están sujetos a la tributación española.

En materia social, Vox plantea reservar el Ingreso Mínimo Vital a los ciudadanos españoles, pese a que los extranjeros representan aproximadamente el 17 % de sus beneficiarios. También propone dar prioridad a los nacionales en el acceso a determinados servicios públicos y ayudas sociales.

A estas medidas se suman restricciones para los inmigrantes en situación irregular, como limitar su inscripción en los registros municipales, dificultar su acceso al alquiler de viviendas y reducir la atención sanitaria a situaciones de riesgo vital.

El programa incluye asimismo la derogación de la Ley de Memoria Democrática, conocida como la Ley de Nietos, que ha permitido a descendientes de españoles acceder a la nacionalidad.

Hasta agosto, alrededor de 600.000 personas se habían beneficiado de este procedimiento, mientras que cerca de dos millones de solicitudes continuaban pendientes de resolución.

El conjunto de estas iniciativas refleja la amplitud de la agenda migratoria de Vox, que ya no se dirige únicamente a quienes llegan a España, sino también a ciudadanos nacionalizados, sus familias y sus vínculos económicos y sociales con sus países de origen.

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