La Comisión Europea ha iniciado un procedimiento de infracción contra España al considerar que las penas máximas de prisión contempladas en su Código Penal para determinados delitos de malversación de fondos europeos no alcanzan los niveles exigidos por la legislación comunitaria.
Bruselas ha remitido una carta de emplazamiento al Gobierno español, que dispone de dos meses para responder a las objeciones y adaptar su normativa.
El Ejecutivo comunitario considera que el marco penal vigente no garantiza una protección suficiente de los intereses financieros de la Unión Europea.
Si las explicaciones de Madrid no resultan satisfactorias o no se introducen los cambios necesarios, la Comisión podrá emitir un dictamen motivado y, posteriormente, llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). El proceso podría desembocar en sanciones económicas para España.
La normativa comunitaria pretende armonizar en los Estados miembros la tipificación de los delitos que afectan a los fondos europeos, las penas correspondientes y las reglas de competencia judicial, además de establecer el marco de actuación de la Fiscalía Europea.
El plazo para incorporar esta directiva a las legislaciones nacionales concluyó en julio de 2019. España ya había recibido en diciembre de 2021 una primera advertencia de Bruselas por cuestiones pendientes de adaptación, entre ellas las definiciones legales relacionadas con la corrupción.

