La situación de miles de migrantes que permanecen en Ceuta tras la llegada masiva registrada a finales de julio continúa generando preocupación.
Human Rights Watch (HRW) advierte de que muchas de estas personas siguen sin una respuesta administrativa definitiva y afrontan condiciones de vida precarias, mientras los dispositivos de acogida disponibles se encuentran bajo una fuerte presión.
Entre quienes permanecen en la ciudad figuran ciudadanos procedentes de Marruecos, Argelia, Túnez, Sudán, Chad, Egipto, Yemen, Somalia, Siria, Palestina y distintos países del África subsahariana.
La organización ha alertado especialmente sobre la situación de las personas que permanecen en la vía pública y ha señalado casos de violencia sexual, además de obstáculos para acceder a alojamiento, alimentación y atención sanitaria.
Judith Sunderland, responsable adjunta de HRW para refugiados y migrantes, ha instado a las autoridades españolas a actuar con rapidez para ordenar la situación y garantizar unas condiciones dignas tanto para quienes permanecen en Ceuta como para la población residente.
Otro de los puntos centrales del debate son los procedimientos que deben seguirse para determinar la situación de cada migrante.
HRW recuerda que las nuevas normas europeas en materia migratoria establecen la necesidad de realizar evaluaciones individuales, incluidos controles de seguridad y salud, así como una valoración inicial destinada a identificar posibles situaciones de vulnerabilidad.
La organización considera fundamental que las autoridades eviten mecanismos generalizados que puedan pasar por alto las circunstancias particulares de cada persona y reclama que cualquier decisión sobre su futuro se adopte respetando las garantías legales correspondientes.
La situación de los menores no acompañados constituye, asimismo, una de las principales preocupaciones, debido a la falta de datos precisos sobre el número de menores que permanecen actualmente en la ciudad.
La advertencia se produce mientras el Gobierno español trata de reorganizar los mecanismos de acogida y acelerar la tramitación de los expedientes derivados de la crisis migratoria, en un escenario marcado por la presión sobre los recursos de Ceuta y por la creciente controversia política en torno a la acogida, la protección y los procedimientos de retorno.
