Madrid mantiene una posición oficial favorable a la autonomía, mientras el mercado español sigue beneficiándose de los recursos pesqueros de la región y persisten las discrepancias políticas sobre su estatus.
La relación entre España y Marruecos vuelve a poner de manifiesto una paradoja: mientras el debate político sobre el Sáhara marroquí continúa generando divisiones en España, los intereses económicos españoles mantienen una estrecha vinculación con los recursos de la región, especialmente con la industria pesquera y sus cadenas de suministro.
Una investigación publicada por elDiario.es en colaboración con la organización estadounidense The Outlaw Ocean Project ha examinado el alcance de estos vínculos y el papel que desempeñan las empresas y los mercados europeos en la comercialización de productos procedentes del territorio.
Según el reportaje, España importó desde Marruecos harina de pescado por un valor superior a 128 millones de dólares desde 2020. El país norteafricano representa, además, una cuarta parte de las importaciones españolas de este producto.
La investigación señala también que los buques españoles obtuvieron 92 de las 138 licencias concedidas a la flota europea en virtud del acuerdo pesquero de 2019, que incluía aguas de la costa atlántica del Sáhara.
El informe identifica asimismo al menos 14 fábricas de harina de pescado en el Sáhara durante 2025, la mayoría registradas en Marruecos.
Entre las rutas comerciales destacadas figura el puerto de Las Palmas, mientras que parte de esta producción habría terminado en 2024 en piensos para piscifactorías griegas que suministran pescado a la cadena española Mercadona.
Una diplomacia y varias posiciones políticas
Esta realidad económica contrasta con las divisiones que el conflicto del Sáhara sigue provocando en la política española.
En marzo de 2022, el Gobierno de Pedro Sánchez respaldó la iniciativa marroquí de autonomía como la base «más seria, realista y creíble» para resolver la disputa, un cambio diplomático de gran alcance en la relación bilateral.
Sin embargo, los socios de izquierda del Ejecutivo, especialmente sectores vinculados a Sumar, mantienen posiciones favorables al derecho de autodeterminación defendido por el Frente Polisario.
Por su parte, el Partido Popular cuestiona el giro adoptado por Sánchez y reclama una política exterior que, a su juicio, recupere el equilibrio entre Marruecos y Argelia.
Esta fragmentación refleja las dificultades de España para articular una posición política compartida sobre el Sáhara marroquí, pese a la importancia estratégica de su relación con Rabat.
La contradicción también se proyecta sobre el terreno económico. En abril de 2024, Marruecos organizó en Madrid un foro de inversores para presentar oportunidades de negocio en la región de Dajla, con proyectos relacionados con el turismo, las energías renovables, la desalación de agua, la pesca y la agricultura.
La iniciativa buscaba atraer capital español hacia una región que Rabat considera parte integrante de su territorio.
Los intereses económicos frente a las disputas jurídicas
El contexto ha seguido evolucionando en el plano internacional. En octubre de 2025, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas abordó nuevamente el expediente del Sáhara, mientras que en enero de 2026 el Consejo de la Unión Europea autorizó la apertura de negociaciones con Marruecos para un nuevo acuerdo pesquero.
El marco jurídico, no obstante, sigue siendo complejo debido a las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativas a la aplicación de acuerdos entre la UE y Marruecos al Sáhara Occidental, especialmente en lo referente al consentimiento y a los derechos de la población del territorio.
En este escenario, la posición de Madrid presenta una dualidad evidente: el Gobierno ha respaldado políticamente la propuesta marroquí de autonomía, pero la relación económica con Marruecos responde también a intereses comerciales que trascienden las diferencias entre partidos y las controversias jurídicas.
La cuestión de fondo es hasta qué punto España conseguirá armonizar su política exterior con sus intereses económicos y con las distintas posiciones que conviven en su sistema político.
Mientras continúe la demanda europea de productos pesqueros y se mantengan las oportunidades de inversión, el Sáhara marroquí seguirá ocupando un lugar relevante en la relación entre Madrid y Rabat, más allá de las discrepancias políticas internas.
