El Consejo de Ministros aprobará previsiblemente este martes un paquete de ayudas e indemnizaciones para las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo), que ha dejado hasta ahora 69 fallecidos y 41 heridos hospitalizados, 16 de ellos en unidades de cuidados intensivos.
La medida llega en medio de una creciente presión política sobre el Gobierno y de las demandas de una revisión profunda de la seguridad y el mantenimiento de la red ferroviaria.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, comparecerá tras la reunión del Ejecutivo para informar sobre la investigación y explicar el alcance de las compensaciones.
El plan seguirá previsiblemente el modelo aplicado tras el accidente de Adamuz, ocurrido el pasado 18 de enero y en el que murieron 46 personas, con indemnizaciones y anticipos económicos para las familias de las víctimas.
La tragedia también ha provocado importantes alteraciones en las comunicaciones ferroviarias con Andalucía. Renfe mantiene suspendido el tráfico en el corredor sur al menos hasta diciembre, mientras que Iryo y Ouigo han paralizado la venta de billetes.
Ante esta situación, Izquierda Unida Andalucía ha reclamado un dispositivo extraordinario de movilidad para evitar el aislamiento de la comunidad y reducir las consecuencias sobre el transporte y el sector turístico.
En el ámbito judicial, la investigación continúa bajo estrictas medidas de protección de la zona del accidente, mientras el Partido Popular y Vox han anunciado su intención de personarse en la causa mediante la figura de la acusación popular.
Ambas formaciones reclaman que se preserve el conjunto de las pruebas y se esclarezcan las circunstancias del siniestro.
El debate técnico se centra ahora en el mantenimiento de las infraestructuras gestionadas por Adif y en el funcionamiento de los sistemas de señalización y frenado automático, entre ellos ERTMS y ASFA.
La sucesión de accidentes mortales ha reabierto las dudas sobre el estado de la red y ha impulsado las peticiones de una auditoría integral de las vías y del material ferroviario.
La crisis ha adquirido también una dimensión política a las puertas de las elecciones generales del 29 de noviembre. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado un «fallo sistémico» en la red ferroviaria y ha exigido la dimisión de Puente, al que responsabiliza de los problemas de gestión y mantenimiento. Junts y sectores de Sumar también han reclamado responsabilidades políticas.
Puente, por su parte, ha descartado dimitir y comparecerá este martes en el Congreso de los Diputados, a petición propia, para dar explicaciones sobre la actuación de su departamento.
La respuesta del Gobierno, el avance de la investigación y las medidas para recuperar la confianza de los usuarios centrarán una jornada marcada por la presión política y la preocupación por la seguridad ferroviaria.
