Amnistía Internacional ha denunciado presuntas agresiones físicas y malos tratos contra personas migrantes en la ciudad ocupada de Ceuta, atribuidos a miembros del Ejército español y de otros cuerpos de seguridad. Una nueva investigación de la organización recoge 28 casos de palizas, humillaciones y vejaciones, entre ellos 13 que afectan a menores de edad.
Según el informe, 18 de los episodios denunciados se produjeron después de que el Ministerio de Defensa anunciara la apertura de una investigación sobre anteriores acusaciones, un dato que, a juicio de la organización, plantea dudas sobre la eficacia de los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas.
Los testimonios recopilados señalan principalmente a militares de unidades de Regulares, aunque también incluyen denuncias contra agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Las víctimas relatan que fueron golpeadas mientras dormían en las calles o trasladadas a lugares apartados donde habrían sufrido agresiones. Algunos informes médicos recogen lesiones y fracturas que, según Amnistía Internacional, serían compatibles con los hechos denunciados.
La situación de los menores migrantes no acompañados constituye uno de los aspectos más preocupantes del informe. La organización estima que alrededor de 500 niños continúan durmiendo en las calles de la ciudad, expuestos a situaciones de desprotección y violencia. Entre los casos documentados figura el de un adolescente de 17 años que tuvo que ser atendido en un hospital y recibió diez puntos de sutura en la cabeza tras una presunta agresión.
La investigación también cuestiona las actuaciones judiciales contra la organización humanitaria No Name Kitchen, cuyo local fue registrado el pasado 22 de octubre. La entidad considera que las medidas contra organizaciones que proporcionan alimentos y asistencia médica pueden obstaculizar la labor humanitaria y agravar la situación de las personas migrantes más vulnerables.
Amnistía Internacional asegura haber documentado un total de 50 casos de tortura, malos tratos o tratos crueles, inhumanos y degradantes desde el 30 de julio. Asimismo, afirma que no tiene constancia de que los agentes presuntamente implicados hayan sido sometidos a investigaciones específicas ni de que se hayan adoptado medidas suficientes para proteger a las víctimas y los testigos.
Ante esta situación, la organización reclama una investigación independiente e imparcial, la identificación de los responsables y garantías de protección para las personas que denuncien posibles abusos, especialmente los menores.
Las denuncias vuelven a situar en el centro del debate la gestión migratoria en Ceuta y las obligaciones de las autoridades españolas en materia de derechos humanos. Amnistía Internacional recuerda que el control de las fronteras no exime a los cuerpos de seguridad del cumplimiento de la ley ni del respeto a la dignidad de las personas.
