El Ejército español realizó ejercicios de preparación para responder a una eventual crisis en Ceuta días antes de la entrada masiva de migrantes registrada el 30 y 31 de julio de 2026, pero el Gobierno no habría activado el plan de contingencia previsto, según una información publicada este martes por El Español.
El artículo, firmado por Yolanda Rodríguez, señala que el comandante general de Ceuta, el general de división Luis Fernández Herrero, se puso a disposición de las autoridades civiles y del Gobierno tras los acontecimientos, mientras que las Fuerzas Armadas limitaron su actuación a labores de disuasión y apoyo a las fuerzas policiales.
El teniente general retirado Juan Montenegro sostiene que los militares estaban preparados para intervenir, pero que la decisión de activar los mecanismos de respuesta correspondía a las autoridades políticas. «No se ha aplicado ningún plan de contingencia porque no se ha hecho nada de nada, ni se ha adoptado ninguna decisión», afirma en declaraciones al medio.
Según fuentes militares citadas por la publicación, los planes de contingencia no se limitan a escenarios de enfrentamiento convencional, sino que también contemplan amenazas híbridas, como ciberataques, sabotajes contra infraestructuras críticas y situaciones de presión geopolítica que impliquen movimientos masivos de población civil.
El reportaje recuerda que las unidades militares de Ceuta realizan ejercicios periódicos para preparar su respuesta ante diferentes escenarios de crisis. Entre ellos figura el ejercicio «Sinergia 25», desarrollado en 2025 con la participación de un millar de militares del Mando Operativo Terrestre.
La información compara la actuación de julio de 2026 con la crisis migratoria de mayo de 2021, cuando alrededor de 8.000 personas entraron en Ceuta en dos días. En aquella ocasión, unidades de La Legión y de Regulares fueron desplegadas en la ciudad para apoyar el dispositivo de seguridad fronteriza.
Montenegro atribuye la falta de respuesta militar en la crisis más reciente a una decisión política y reclama mayor firmeza en los ámbitos militar, económico y diplomático. Estas valoraciones forman parte de las declaraciones recogidas por el periódico y no constituyen, por sí mismas, una conclusión judicial sobre lo sucedido.
La crisis se encuentra bajo investigación judicial. Según El Español, la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón ha citado a tres consejeros de la ciudad autónoma para declarar el 27 de octubre y ha solicitado al Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) un informe sobre Marruecos, en relación con las sospechas acerca de las circunstancias que permitieron las entradas masivas desde territorio marroquí.
El caso vuelve a plantear interrogantes sobre la coordinación entre las autoridades civiles y militares, los límites legales de la intervención de las Fuerzas Armadas en una crisis fronteriza y los mecanismos de respuesta previstos por el Estado español ante escenarios de presión migratoria a gran escala.
