Las elecciones legislativas en Israel están marcadas por varias cuestiones que profundizan la división interna, entre ellas las responsabilidades por los fallos de seguridad del 7 de octubre de 2023, la estrategia militar, las exenciones del servicio militar para los judíos ultraortodoxos y el encarecimiento de la vida.
Estos comicios, los primeros desde el inicio de la guerra contra la Franja de Gaza y la sucesión de conflictos en la región, suponen una prueba para el Gobierno de Benjamin Netanyahu, en un contexto de fuertes repercusiones políticas, sociales y económicas.
La investigación sobre el 7 de octubre
Los partidos de la oposición reclaman una comisión de investigación oficial e independiente que determine las responsabilidades por los errores de inteligencia y seguridad previos al ataque del 7 de octubre de 2023.
El Gobierno de Netanyahu rechaza el modelo propuesto y defiende una comisión cuyos integrantes sean designados con participación política. La oposición sostiene que esta fórmula podría comprometer la independencia de las pesquisas.
La estrategia militar, bajo presión
La prolongación de los enfrentamientos en varios frentes ha reabierto el debate sobre la capacidad de Israel para mantener sus fuerzas operativas en Gaza y Líbano, afrontar las tensiones con Irán y atender otros escenarios regionales, incluida Siria y la Cisjordania ocupada.
Las sucesivas movilizaciones de reservistas también han generado costes familiares y laborales, mientras persisten las advertencias sobre la falta de efectivos. Paralelamente, las consecuencias humanitarias de las operaciones militares han aumentado las críticas internacionales a Israel.
La exención militar divide a la sociedad
La situación de los judíos ultraortodoxos, conocidos como haredíes, constituye otro de los principales puntos de fricción.
Los partidos religiosos defienden mantener las exenciones que benefician a los estudiantes de instituciones religiosas, mientras buena parte de la oposición reclama ampliar el reclutamiento obligatorio, en un momento en que el Ejército necesita más efectivos.
El debate trasciende el ámbito militar y refleja una disputa más amplia sobre el papel de la religión en el Estado y la influencia de los partidos religiosos en las políticas públicas.
El coste de la vida, otro desafío
Pese al crecimiento económico y a los bajos niveles de desempleo, los elevados precios de la vivienda y los alimentos siguen presionando los presupuestos familiares. El aumento del gasto militar asociado a los conflictos añade dificultades para equilibrar las necesidades de defensa y las políticas sociales.
La combinación de estos factores sitúa la seguridad, la identidad religiosa y la economía en el centro de la campaña. El resultado dependerá de la distribución de los escaños y de la capacidad de los partidos para formar una mayoría parlamentaria.
Fuente: Al Jazeera, a partir de información de la Agencia France-Presse (AFP).
