Una investigación policial destapa planes neonazis para atacar a musulmanes, judíos y migrantes en España

Las investigaciones de la Policía española sobre el grupo ultraderechista Núcleo Nacional han sacado a la luz presuntos planes de violencia contra musulmanes, judíos y personas migrantes, así como contra centros de acogida de menores extranjeros no acompañados. Las pesquisas apuntan a una actividad que habría ido más allá de la propaganda xenófoba para incluir propuestas concretas de ataques contra lugares de culto, instalaciones de acogida y personas seleccionadas por su origen o apariencia física.

Según una información publicada este miércoles por el diario El País, basada en conversaciones electrónicas intervenidas por los investigadores, miembros de esta organización debatieron posibles agresiones contra mezquitas, sinagogas y centros de atención a migrantes. También intercambiaron mensajes sobre acciones colectivas para perseguir por las calles a personas de origen extranjero, especialmente a quienes tienen la piel negra o morena.

Entre los grupos integrados en Núcleo Nacional figura White Boys, una organización de ideología neonazi con actividad en Asturias. Las comunicaciones analizadas por la Policía reflejan que la hostilidad hacia la población musulmana constituía uno de los principales elementos de su discurso, al menos desde 2024. Algunos mensajes contenían llamamientos explícitos a atacar a musulmanes e incluso expresiones que defendían su quema colectiva, en términos que evocaban la violencia genocida del nazismo.

Una mezquita de Oviedo entre los posibles objetivos

Uno de los episodios más inquietantes recogidos en la investigación se remonta a septiembre de 2024, cuando varios integrantes del grupo intercambiaron propuestas para bloquear las puertas de una mezquita de Oviedo mientras los fieles permanecieran en su interior. Según la información publicada, llegaron a plantear que la acción se llevara a cabo durante el mes de Ramadán, aprovechando la mayor afluencia de personas al templo.

El contenido de estas conversaciones revela una planificación que, de haberse ejecutado, podría haber puesto en peligro la integridad de los asistentes y convertido un espacio religioso en escenario de una agresión colectiva. La elección deliberada de una fecha de mayor concurrencia añade gravedad a las intenciones atribuidas a los participantes.

Los objetivos contemplados no se limitaban a la comunidad musulmana. Las pesquisas también recogen referencias a sinagogas y centros de acogida de menores extranjeros. En uno de los episodios investigados, varios integrantes del entorno radical, la mayoría de entre 14 y 19 años, acudieron a una oficina de turismo de Gijón para solicitar información sobre la ubicación de mezquitas, sinagogas y centros destinados a alojar a menores migrantes. Al abandonar el establecimiento, profirieron consignas antisemitas, según los datos difundidos por el diario.

La presencia de adolescentes entre los integrantes o colaboradores de estos grupos añade otra dimensión al caso: la captación de jóvenes por organizaciones que promueven el odio racial y religioso y que, según las conversaciones investigadas, contemplaban trasladar ese discurso al terreno de las agresiones.

Persecuciones callejeras bajo el nombre de «noches de caza»

La investigación también ha identificado conversaciones sobre unas acciones que los propios participantes denominaban «noches de caza». Se trataba, según los mensajes examinados, de salidas colectivas para perseguir a personas de origen extranjero en las calles de Gijón, Avilés y Oviedo, con especial atención a ciudadanos negros o de piel morena.

Los participantes habrían utilizado ropa negra con simbología nazi y ocultado sus rostros para dificultar su identificación. En los intercambios también se mencionaba la posibilidad de emplear armas de aire comprimido que disparan proyectiles metálicos, capaces de provocar lesiones graves.

De confirmarse estos hechos, las prácticas descritas representarían algo más que episodios aislados de intimidación: apuntarían a una dinámica organizada de hostigamiento basada en criterios raciales. La selección de las víctimas por su aspecto físico o procedencia convertiría las calles en espacios de riesgo para personas que no comparten la ideología de los agresores.

Especial preocupación suscita la inclusión de centros de acogida de menores extranjeros entre los posibles objetivos. Estas instalaciones albergan a adolescentes que se encuentran fuera de su entorno familiar y necesitan protección institucional. Entre los menores no acompañados que viven en España hay una presencia destacada de jóvenes marroquíes, aunque los centros acogen a personas de distintas nacionalidades.

Catorce detenidos en varias provincias

En el marco de la operación policial, las autoridades detuvieron la semana anterior a 14 personas en Madrid, Asturias, Guadalajara, Pontevedra, Burgos y Alicante. Entre ellas figuran Iván Rico, señalado como portavoz de Núcleo Nacional; Isabel Peralta, a quien los investigadores atribuyen un posible papel ideológico dentro del entorno radical, y el dirigente ultraderechista Enrique Lemos.

Durante los registros, los agentes intervinieron distintos objetos y armas, entre ellos dispositivos de descarga eléctrica y puños americanos. La actuación se enmarca en las diligencias destinadas a esclarecer la estructura del grupo, sus actividades y la posible preparación de acciones violentas.

La autoridad judicial acordó la puesta en libertad de diez de los detenidos, aunque bajo medidas cautelares que incluyen la retirada del pasaporte y la prohibición de abandonar España. Estas decisiones no suponen el cierre de la investigación ni una declaración sobre la responsabilidad de los implicados.

El procedimiento continúa bajo la dirección del juez instructor de Gijón y contempla posibles delitos de incitación al odio, asociación ilícita y tenencia ilegal de armas. Corresponderá a la investigación judicial determinar el alcance de las actividades atribuidas al grupo y las responsabilidades individuales de cada investigado.

El desafío de frenar la radicalización neonazi

El caso vuelve a situar en el debate público la evolución de los movimientos neonazis y xenófobos en España, especialmente por su capacidad para captar a jóvenes y convertir los prejuicios ideológicos en amenazas contra colectivos concretos. Las referencias a lugares de culto, centros de menores y personas seleccionadas por su origen muestran que el discurso de odio puede adquirir una dimensión especialmente peligrosa cuando se traduce en planes de actuación.

La investigación plantea también interrogantes sobre los mecanismos de radicalización juvenil y el papel de los entornos digitales en la difusión de mensajes extremistas. La circulación de consignas violentas, la identificación de posibles objetivos y el intercambio de propuestas para cometer agresiones exigen una respuesta que combine prevención, vigilancia policial y protección de los colectivos amenazados.

Al mismo tiempo, el caso reabre el debate sobre la atención mediática que reciben las distintas manifestaciones de violencia y extremismo. Los delitos cometidos por personas migrantes o musulmanas suelen ocupar un espacio destacado en determinados debates públicos, pero las actividades de organizaciones neonazis y racistas también requieren una cobertura rigurosa y proporcional a la gravedad de los hechos investigados.

La responsabilidad penal debe determinarse individualmente y nunca trasladarse a una comunidad entera por la conducta de algunos de sus miembros. Del mismo modo, ninguna forma de extremismo debe recibir un tratamiento más indulgente por la nacionalidad, la religión o la ideología de quienes la promueven.

Las pesquisas sobre Núcleo Nacional sitúan así a las instituciones españolas ante la necesidad de garantizar la seguridad de mezquitas, sinagogas y centros de acogida, proteger a quienes pueden convertirse en víctimas de ataques xenófobos y combatir la propagación de ideologías que justifican la violencia por motivos de religión, origen o color de piel. La respuesta deberá desarrollarse dentro del marco del Estado de derecho y con pleno respeto a las garantías judiciales de todas las personas investigadas.

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