Said Bakkali
Desde finales de julio, los trágicos acontecimientos de Ceuta se han convertido rápidamente en objeto de narrativas políticas contrapuestas.
Algunos círculos políticos y mediáticos españoles, incluidos sectores de la izquierda y de la izquierda radical, han presentado el movimiento masivo de miles de personas hacia la ciudad como una operación deliberadamente organizada por las autoridades marroquíes.
Sin embargo, las informaciones recientes atribuidas a los servicios de inteligencia españoles no respaldan una acusación tan categórica.
Según informaciones publicadas por medios españoles, el movimiento fue preparado durante varias semanas a través de grupos de WhatsApp y Telegram, algunos de ellos operando bajo el nombre de «Embestida».
Estas redes difundieron puntos de encuentro, rutas e instrucciones para llegar a Ceuta, así como consejos sobre la compra de trajes de neopreno y material de flotación. Los investigadores habrían identificado cuentas operando no solo desde Marruecos, sino también desde Argelia, Túnez y Francia.
El detonante inmediato parece haber sido la difusión de informaciones engañosas sobre la sentencia del Tribunal Supremo español del 8 de julio de 2026. La resolución fue falsamente presentada en las redes sociales como si significara que la frontera había quedado «legalmente abierta» y que cualquier persona que llegara a Ceuta por mar quedaría automáticamente protegida frente a su devolución.
Esta interpretación falsa, amplificada por redes de tráfico de personas y grupos digitales, contribuyó a transformar intentos individuales en un movimiento masivo.
Lo más importante es que las informaciones de inteligencia recogidas por la prensa española no han establecido ninguna conexión entre estas redes organizadoras y el Gobierno marroquí.
Algunas evaluaciones de los servicios de inteligencia españoles habrían concluido explícitamente que la crisis no fue planificada por las autoridades marroquíes.
Otros informes han acusado a Marruecos de no haber detenido el movimiento con suficiente rapidez o de haber intentado obtener ventajas políticas de la situación una vez iniciada.
Pero no prever o no contener una crisis, o incluso tratar de aprovechar políticamente sus consecuencias, no equivale a haberla planificado y organizado.
Un análisis socialista serio no puede basarse en teorías conspirativas ni en la idea de que la historia se construye únicamente a través de decisiones secretas tomadas a puerta cerrada.
El marxismo nos enseña a examinar las condiciones materiales, los intereses de clase, las contradicciones sociales y la correlación concreta de fuerzas.
En este caso, los hechos disponibles apuntan a la convergencia de una frontera colonial, la desesperación social, la desinformación digital, las redes de tráfico de personas y el oportunismo político. No demuestran la existencia de una conspiración del Estado marroquí.
La crisis fue sin duda aprovechada por Israel y Estados Unidos como una oportunidad para ajustar cuentas políticamente con el Gobierno de Pedro Sánchez. La Administración Trump utilizó de inmediato los acontecimientos para atacar la política migratoria española.
El presidente Donald Trump calificó los cruces como una «invasión» y los presentó como una advertencia sobre lo que podían provocar las políticas migratorias progresistas.
El Departamento de Estado estadounidense fue aún más lejos al responsabilizar directamente de la situación a las políticas del Gobierno español. Representantes israelíes también utilizaron la crisis para atacar la credibilidad del Gobierno de Sánchez y acusar a España de aplicar un doble rasero en materia de soberanía y ocupación.
El embajador de Israel ante las Naciones Unidas llegó incluso a describir Ceuta como un «enclave colonial» español, antes de que la Embajada israelí en Madrid interviniera para corregir dicha declaración.
Estas reacciones no pueden separarse de las tensiones más amplias entre el Gobierno de Sánchez y Washington y Tel Aviv. España ha reconocido al Estado de Palestina, ha criticado duramente la guerra genocida llevada a cabo por Israel en Gaza y ha adoptado posiciones contrarias a las acciones militares de Israel y Estados Unidos en Oriente Medio.
Como consecuencia, Sánchez se ha convertido en un blanco habitual de ataques políticos por parte del Gobierno israelí y de la Administración Trump.
Por ello, resulta razonable concluir que Estados Unidos e Israel aprovecharon la tragedia de Ceuta como una oportunidad de represalia política contra Sánchez y para debilitar a su Gobierno tanto en el plano interno como internacional.
Se trata de una práctica habitual de las potencias imperialistas: toda crisis es utilizada para disciplinar a los gobiernos que se niegan a alinearse completamente con sus intereses estratégicos.
Sin embargo, la explotación política de la crisis por parte de estos actores no debe confundirse con una prueba de que la hubieran planificado en coordinación con Marruecos.
Ninguna evidencia revelada por los servicios de inteligencia españoles demuestra la existencia de una operación conjunta estadounidense-israelí-marroquí. El oportunismo político posterior a un acontecimiento no puede transformarse retrospectivamente en una prueba de una conspiración que supuestamente lo habría generado.
Formular una acusación de este tipo sin pruebas supondría sustituir el análisis materialista por la especulación.
La teoría de una operación marroquí coordinada también contradice el estado real de las relaciones entre Marruecos y España. Pedro Sánchez ha invertido un importante capital político en construir una relación estrecha con el rey Mohammed VI y en mantener una cooperación estratégica con Marruecos.
Ha descrito repetidamente las relaciones bilaterales como unas de las mejores de las últimas décadas. La cooperación entre ambos países ha abarcado la migración, la seguridad, la lucha contra el terrorismo, el comercio y la estabilidad regional.
Durante la propia crisis, Sánchez evitó acusar a Marruecos de organizar los acontecimientos. Al contrario, se refirió a Marruecos como un aliado, agradeció a las autoridades marroquíes su cooperación y subrayó la comunicación permanente entre los dos gobiernos.
El Ministerio del Interior español elogió igualmente lo que describió como la «colaboración ejemplar» de las autoridades marroquíes.
En los días posteriores a la crisis, responsables españoles reconocieron que la comunicación con Rabat y la aceptación por parte de Marruecos del retorno de decenas de miles de personas fueron determinantes para controlar la situación.
Esto no demuestra que ninguna autoridad marroquí haya cometido errores ni que la gestión de la frontera haya sido perfecta. Sin embargo, sí hace difícil sostener el argumento de que Sánchez y su Gobierno disponían de pruebas de una operación hostil y premeditada organizada por Rabat.
Si el Gobierno español creyera realmente que Marruecos había planificado un ataque contra España, resultaría políticamente incoherente que Sánchez describiera simultáneamente a Marruecos como aliado y calificara su cooperación de ejemplar.
No se puede afirmar que un Estado vecino haya organizado una agresión y, al mismo tiempo, agradecer a ese mismo Estado su papel decisivo para poner fin a la crisis.
El calendario y las circunstancias geográficas hacen todavía más improbable la teoría de una planificación deliberada por parte del Estado marroquí. Los acontecimientos coincidieron con las celebraciones de la Fiesta del Trono del 30 de julio, una de las fechas más importantes del calendario nacional e institucional marroquí.
Ese mismo día, el rey Mohammed VI se encontraba en M’diq-Fnideq, en la región septentrional directamente afectada, donde presidió la recepción oficial de la Fiesta del Trono junto a miembros de la Familia Real y las principales autoridades civiles, militares y de seguridad del país.
Resulta difícil aceptar que el Estado marroquí decidiera provocar deliberadamente una crisis incontrolable y potencialmente mortal en la misma región y en el mismo momento en que el jefe del Estado, el príncipe heredero y los principales responsables de seguridad se encontraban reunidos para la celebración oficial más importante del Reino.
Una operación de este tipo habría puesto en peligro a ciudadanos marroquíes, alterado el orden público, comprometido la seguridad de la región y dañado la imagen del país durante una ocasión nacional de enorme simbolismo.
Esto no elimina la necesidad de una investigación transparente sobre la actuación de todas las autoridades, los posibles fallos en la vigilancia fronteriza y la responsabilidad de quienes difundieron informaciones peligrosas. Pero las acusaciones políticas deben basarse en pruebas y no en especulaciones geopolíticas.
Más profundamente, la controversia sobre si Marruecos planificó, permitió o no consiguió impedir los cruces corre el riesgo de ocultar la causa más profunda de la crisis: la persistencia de la ocupación colonial de Ceuta y Melilla.
El colonialismo no es simplemente un recuerdo perteneciente al pasado. Sigue existiendo como una estructura política, económica y territorial concreta. La ocupación de Ceuta y Melilla ha creado una situación anormal al establecer fronteras terrestres en territorio marroquí: fronteras entre Marruecos y España, entre África y la Unión Europea y, de acuerdo con el derecho europeo, entre Marruecos y la frontera exterior del espacio Schengen.
No se trata de fronteras naturales producidas por la geografía ni por la libre voluntad de los pueblos. Son fronteras coloniales impuestas y mantenidas en suelo africano. Están protegidas por vallas, sistemas de vigilancia, patrullas armadas y barreras marítimas cada vez más militarizadas. Representan la continuidad de una relación desigual entre el centro capitalista y la periferia africana.
Esta realidad colonial ha transformado el norte de Marruecos en una zona permanente de fractura geopolítica y social.
Comunidades históricamente conectadas han sido separadas, mientras Ceuta y Melilla se han convertido en símbolos de la enorme desigualdad entre las dos orillas del Mediterráneo. La frontera se presenta como una línea de seguridad, pero en realidad también es una línea de clase que separa la riqueza de la pobreza, la movilidad de la exclusión y la libre circulación privilegiada del capital de la movilidad restringida de los seres humanos.
El capital, las mercancías y los beneficios pueden circular a través del Mediterráneo, mientras los trabajadores y los jóvenes pobres son detenidos mediante muros, visados y fuerzas armadas. Esta es una de las contradicciones fundamentales del capitalismo contemporáneo: exige la libre circulación del capital, pero rechaza la libre circulación de los seres humanos cuyo trabajo produce la riqueza.
Para muchos jóvenes desesperados, Ceuta y Melilla parecen ofrecer un acceso inmediato a otra realidad económica y social.
Ven la prosperidad europea a pocos kilómetros de distancia, mientras viven el desempleo, la inseguridad y la ausencia de perspectivas sociales en su propio país. En estas condiciones, la frontera colonial se convierte al mismo tiempo en un símbolo de desigualdad y en una trampa mortal.
Por tanto, la crisis no puede explicarse exclusivamente por las redes sociales, las redes de tráfico de personas o una decisión judicial. Estos factores pueden haber proporcionado la chispa inmediata, pero el material combustible llevaba décadas acumulándose.
La ocupación colonial creó la frontera; la desigualdad capitalista y la desesperación social empujaron a las personas hacia ella; la desinformación les convenció de que podía ser atravesada; y el sistema europeo de militarización de fronteras transformó su movimiento en una tragedia humana.
Reconocer la dimensión colonial no significa ignorar los graves problemas económicos y sociales de Marruecos. Al contrario, un análisis socialista exige afrontarlos directamente. El desempleo juvenil, el abandono escolar, las desigualdades territoriales y el creciente número de jóvenes que no estudian, no reciben formación ni trabajan han generado un profundo sentimiento de frustración y desesperanza.
La concentración de la riqueza en manos de una minoría, el dominio de los intereses oligárquicos, la debilidad de los servicios públicos y las deficiencias del modelo de desarrollo han privado a amplios sectores de las clases trabajadoras y de las masas populares de los beneficios del crecimiento económico.
Mientras una pequeña minoría acumula riqueza, millones de ciudadanos se enfrentan al desempleo, al trabajo precario y al aumento del coste de la vida.
El modelo neoliberal no considera a estos jóvenes como una fuerza social productiva que debe ser educada e integrada. Los trata como una población excedente: útil cuando se necesita mano de obra barata y abandonada cuando el mercado ya no tiene espacio para ella.
La migración se convierte entonces en una salida individual frente a un fracaso social colectivo. El Gobierno marroquí debe, por tanto, explicar lo sucedido, identificar posibles deficiencias y afrontar las condiciones materiales que hicieron posible un movimiento de esta magnitud.
Quienes organizaron los grupos digitales, difundieron deliberadamente informaciones falsas o se beneficiaron del tráfico de personas vulnerables deben ser identificados y perseguidos judicialmente. Pero la represión por sí sola nunca resolverá una crisis cuyas raíces son económicas, sociales y políticas.
España y la Unión Europea no pueden reducir la cuestión a la seguridad fronteriza ni presentar cada crisis en Ceuta como un ataque contra la integridad territorial europea. Deben afrontar la contradicción histórica que supone defender posesiones coloniales en África al mismo tiempo que afirman defender un orden internacional basado en reglas y el principio de descolonización.
Tampoco puede consistir la respuesta únicamente en más vallas, despliegues militares, barreras marítimas y expulsiones rápidas. Estas medidas pueden contener temporalmente el movimiento de personas, pero no pueden eliminar las condiciones que lo generan.
La militarización de las fronteras no protege ni a los trabajadores ni a los pueblos; protege principalmente un sistema internacional desigual y los privilegios creados por siglos de explotación colonial.
La derecha reaccionaria y la extrema derecha también han utilizado la tragedia para transformar a las víctimas en enemigos.
Su utilización de términos como «invasión» busca generar miedo, dividir a las clases trabajadoras y dirigir la indignación popular contra los migrantes en lugar de hacerlo contra el sistema económico y político que produce pobreza, guerras y migración forzada.
Un trabajador marroquí desempleado, un trabajador español en situación de precariedad y un migrante procedente del África subsahariana no son enemigos naturales. Son víctimas, en condiciones diferentes, del mismo sistema de explotación y desigualdad. La solidaridad socialista exige rechazar el racismo y defender la dignidad y los derechos de todos los trabajadores y de todos los pueblos oprimidos.
Por ello, las víctimas deben permanecer en el centro de cualquier respuesta. Quienes murieron no eran instrumentos en una confrontación geopolítica, sino seres humanos que buscaban dignidad y un futuro mejor. Los supervivientes deben recibir asistencia humanitaria, protección jurídica individual y protección frente al racismo, los castigos colectivos y los tratos degradantes.
La verdad sobre la crisis de Ceuta no se defenderá absolviendo automáticamente a todas las instituciones. Pero tampoco se defenderá construyendo una narrativa sin fundamento que implique a Marruecos, Israel y Estados Unidos en una única conspiración coordinada.
Las pruebas disponibles indican que Israel y Estados Unidos explotaron políticamente la crisis para atacar a Pedro Sánchez, no que la planificaran junto con Marruecos.
Lo ocurrido fue el resultado de una convergencia entre movilización digital, desinformación, redes de tráfico de personas, desigualdades sociales y de clase y una frontera colonial cuya existencia continuada transforma repetidamente las tensiones políticas y las aspiraciones humanas en tragedias.
Una solución duradera exige mucho más que gestionar la próxima emergencia. Exige un cambio profundo de las políticas económicas y sociales, una distribución justa de la riqueza, unos servicios públicos fuertes y un empleo productivo capaz de devolver dignidad y esperanza a la juventud marroquí.
Exige también una auténtica cooperación marroquí-española basada en la igualdad y el respeto mutuo, en lugar de la externalización y militarización de las fronteras europeas. Y, sobre todo, exige un proceso político pacífico dirigido a poner fin a la ocupación colonial de Ceuta y Melilla.
Sin afrontar esta realidad histórica y material, cualquier nuevo dispositivo de seguridad se limitará a tratar los síntomas mientras deja intacta la causa fundamental.
