España vive este miércoles una jornada de huelga general convocada por los principales sindicatos y organizaciones del movimiento por la vivienda, en un contexto de creciente malestar social por el encarecimiento de la vida, las dificultades para acceder a una vivienda y las demandas de mejoras laborales y de los servicios públicos.
Los primeros incidentes han incluido cortes de carreteras, bloqueos en centros logísticos y enfrentamientos entre piquetes y trabajadores, con intervención policial en varias ciudades.
Al menos 23 personas habían sido detenidas durante las primeras horas, 13 de ellas en el País Vasco.
También se han registrado altercados en Mercabarna y Mercamadrid, así como interrupciones en instalaciones industriales y de transporte.
La crisis habitacional constituye uno de los principales ejes de la protesta. El movimiento reclama medidas contra la especulación, mayor protección para los inquilinos y alquileres asequibles.
Entre los casos que han marcado la movilización figura el de Maricarmen, una mujer de 87 años fallecida en el hospital después de ser desalojada de su vivienda.
CCOO y UGT respaldan el paro, el primero convocado conjuntamente por ambas organizaciones en 14 años. Sus reivindicaciones incluyen subidas salariales, desbloqueo de la negociación colectiva, reducción de la precariedad y defensa de los servicios públicos.
El Sindicato de Inquilinas, por su parte, ha situado el acceso a la vivienda en el centro de sus demandas.
El impacto de la huelga varía según los territorios y las actividades. Los sindicatos estiman un seguimiento inicial de entre el 41% y el 75%, con especial incidencia en Andalucía, Aragón, Cataluña y la cornisa cantábrica.
La industria automovilística y la logística figuran entre los sectores afectados, con interrupciones de la producción en las plantas de Seat en Martorell y Volkswagen en Navarra.
La patronal CEOE, en cambio, considera que el seguimiento ha sido limitado en la mayoría de las actividades.
La protesta coincide con la recta final hacia las elecciones generales del 29 de noviembre, cuya campaña comenzará en dos días.
La proximidad de la cita electoral ha añadido una dimensión política a la movilización, aunque los sindicatos sostienen que sus reivindicaciones responden a problemas estructurales que deben ser atendidos con independencia del calendario electoral.
La vivienda, los salarios y el coste de la vida se sitúan así en el centro del debate público, a menos de tres semanas de que los españoles acudan a las urnas.
