El Tribunal Supremo ha rechazado suspender el derecho al voto de los hijos de las personas que obtuvieron la nacionalidad española al amparo de la denominada Ley de Nietos, por lo que podrán participar en las elecciones generales previstas para el próximo 29 de noviembre.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado las solicitudes presentadas por Vox e Iustitia Europea, que reclamaban extender a este colectivo la suspensión del derecho de sufragio.
La Abogacía del Estado, en representación del Gobierno, también se opuso a estas peticiones al considerar que no eran conformes a Derecho.
Los magistrados justifican su decisión en el momento en que se ha planteado la solicitud. Recuerdan que la suspensión del voto de los nacionalizados por la Ley de Nietos se acordó el pasado 10 de septiembre, antes de la disolución anticipada de las Cortes Generales y de la convocatoria electoral, y fue ratificada el 12 de octubre, todavía antes del inicio del periodo electoral.
En cambio, la petición relativa a los hijos se ha presentado cuando ya ha transcurrido más de la mitad del calendario electoral, a una semana del comienzo de la campaña y a dos semanas de que se inicie el depósito del voto en urna en los consulados para los electores inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).
El Supremo considera que iniciar ahora una revisión del censo plantearía dificultades materiales para ejecutar la medida antes de la votación y el escrutinio, además de entrar en conflicto con los principios de seguridad jurídica y estabilidad electoral.
Por ello, entiende que conceder la suspensión podría provocar una grave perturbación de los intereses generales.
189.678 hijos, más que los afectados por la suspensión anterior
No obstante, el alto tribunal discrepa de la argumentación de la Abogacía del Estado sobre la supuesta falta de incidencia material de estos electores, basada en los índices de participación registrados en anteriores elecciones generales.
La Sala considera que ese criterio no permite anticipar la participación en los próximos comicios y subraya, sobre todo, que el colectivo de hijos es más numeroso que el de los nacionalizados cuyo voto ya fue suspendido.
Según los datos oficiales citados por el tribunal, este grupo está integrado por 189.678 personas, frente a las 162.454 afectadas por la medida cautelar anterior.
Esta última cifra asciende a 163.355 si se incluyen los 901 casos que presentaron certificación consular y a los que no resulta aplicable la suspensión.
La Sala recuerda que la decisión inicial se adoptó ante el riesgo de una alteración del censo electoral por el incremento excepcional de nuevas inscripciones en el CERA, circunstancia que, a su juicio, podía afectar a la regularidad jurídica del registro y a la limpieza del proceso electoral.
El magistrado Antonio Jesús Fonseca-Herrero formuló un voto particular contra la decisión de no suspender el voto de los hijos.
A su entender, la adopción de esta medida cautelar también resulta necesaria en este caso para garantizar la eficacia de la futura sentencia y mantener la coherencia de la línea de actuación del tribunal.
El Supremo mantiene la suspensión para los nacionalizados
En una resolución distinta, el Tribunal Supremo ha decidido mantener la suspensión cautelar del derecho al voto de las personas nacionalizadas al amparo de esta disposición de la Ley de Memoria Democrática, que permite obtener la nacionalidad española a los descendientes de exiliados.
La Sala ha rechazado las alegaciones presentadas por varias asociaciones y particulares afectados.
Los magistrados consideran que siguen vigentes, e incluso con mayor intensidad, las razones que motivaron la medida, especialmente después de conocer la relación nominal de las personas afectadas, el elevado número de inscritos y las presuntas irregularidades que podrían haberse producido en su incorporación al CERA.
Por su parte, la magistrada María Alicia Millán volvió a expresar su discrepancia con el mantenimiento de la suspensión.
En su voto particular sostiene que la invocación del interés general y de la necesidad de preservar la regularidad del censo no basta para restringir el derecho de sufragio de ciudadanos españoles cuya inscripción se ha producido mediante actos administrativos plenamente eficaces.
Millán considera que, incluso si se demostrara que la Ley de Nietos se aplicó de forma indebida a determinadas personas, esa circunstancia no podría equipararse a una actuación fraudulenta destinada deliberadamente a alterar la composición del electorado.
La magistrada añade que los afectados representan aproximadamente el 0,42% de los 38.728.356 electores inscritos en el censo para estos comicios, por lo que el posible impacto de sus votos en el resultado electoral no puede constituir, por sí solo, una justificación suficiente para adoptar una medida cautelar que limite el derecho al sufragio.
