Fayez Abu Rizq – Gaza
Mientras Israel se presenta ante la comunidad internacional como una democracia en Oriente Medio, los datos sobre la censura militar revelan un sistema de control informativo altamente estructurado.
Este dispositivo no se limita al ámbito de la seguridad, sino que interviene directamente en la configuración del discurso público y en la gestión de la información que llega a la ciudadanía.
El sistema de censura vigente no es reciente ni fruto de un proceso legislativo democrático contemporáneo. Se apoya en las denominadas “Regulaciones de Defensa en Estado de Emergencia de 1945”, heredadas del mandato británico.
Este marco legal otorga al censor militar amplias facultades para bloquear publicaciones, restringir contenidos y vetar información de manera preventiva, sin necesidad de autorización judicial.
Con el paso del tiempo, este mecanismo ha derivado en una forma de cooperación institucionalizada entre los medios y el aparato de seguridad.
A través del llamado “acuerdo de censura” de la Comisión de Editores, los principales directores de medios aceptan someter material sensible a revisión previa, a cambio de poder operar dentro del sistema.
Este esquema ha fomentado, en la práctica, una cultura de autocensura en el ámbito periodístico, donde la anticipación del veto condiciona lo publicable.
El funcionamiento de la censura militar se articula mediante la definición periódica de líneas rojas comunicadas a los medios.
Entre las materias sujetas a restricción figuran los movimientos de unidades militares, planes operativos, resultados de acciones bélicas antes de su anuncio oficial, localización de impactos y daños, el programa nuclear israelí, así como operaciones sensibles como secuestros, intercambios de prisioneros y actividades de inteligencia.
Estas limitaciones no solo regulan la publicación de información, sino que en determinados casos han contribuido a encubrir hechos controvertidos.
Uno de los episodios más citados es el caso del “autobús 300” en 1984, cuando fuerzas de seguridad israelíes ejecutaron a dos palestinos tras su captura con vida.
La publicación de una fotografía por el periódico Hadashot que evidenciaba lo ocurrido provocó la intervención del censor militar, el cierre temporal del medio y posteriores acciones judiciales que culminaron en su clausura definitiva.
La relación entre prensa y censura oscila entre la cooperación y los intentos puntuales de evasión. En 1989, un recurso ante el Tribunal Supremo israelí cuestionó la amplitud de los poderes del censor, pero fue rechazado bajo el argumento de la primacía de la seguridad nacional.
Ante estas restricciones, algunos periodistas recurren a la publicación de información en medios extranjeros, para después reproducirla en la prensa local atribuyéndola a fuentes externas.
En este contexto, determinadas informaciones difundidas inicialmente por periodistas como Barak Ravid en medios internacionales reaparecen posteriormente en la prensa israelí bajo fórmulas como “según fuentes extranjeras”.
Este mecanismo permite sortear formalmente la censura sin infringirla de manera directa, siempre que no se considere que afecta a la seguridad del Estado.
Este fenómeno refleja que el ecosistema mediático israelí no es homogéneo, sino un entramado complejo de relaciones entre redacciones, censura militar y fuentes internacionales, donde la circulación de la información sigue rutas indirectas y condicionadas.
La censura, además, puede prolongarse durante décadas sin que se conozcan los hechos completos ni se facilite el acceso a archivos oficiales.
Con el tiempo, algunos casos son reinterpretados tras la desclasificación de documentos, como el del soldado israelí Barak Sharabi, cuya información permaneció restringida durante años antes de conocerse una versión distinta de su muerte.
También el caso de la muerte de decenas de soldados egipcios en la zona de Latrún en 1967 permaneció bajo secreto durante décadas, hasta que parte de la información fue autorizada para su publicación en 2022 tras presiones periodísticas.
Aún hoy, numerosos episodios permanecen sin esclarecer, y algunos analistas sostienen que determinados acontecimientos recientes en Gaza podrían no conocerse en su totalidad hasta dentro de varias décadas, cuando desaparezcan los obstáculos legales y políticos para su divulgación.
En el caso de Gaza, el control informativo no se limita a la eliminación o modificación de contenidos, sino que se extiende a la configuración del marco narrativo general.
Según datos de organizaciones israelíes de libertad de prensa, en 2024 la censura bloqueó completamente 1.635 piezas informativas y modificó parcialmente otras 6.265, lo que equivale a múltiples intervenciones diarias en la producción periodística, sin que el público sea informado de dichas alteraciones.
Informes del medio israelí HaAyin HaShvi’it señalan que, en las primeras semanas de la guerra en Gaza, numerosas informaciones fueron filtradas antes de pasar por los canales oficiales de censura, mientras representantes del sistema participaban en redacciones y espacios informativos para influir en la cobertura.
A ello se suma la restricción del acceso de periodistas extranjeros a la Franja de Gaza, lo que contribuye a un entorno informativo altamente controlado.
En conjunto, el sistema mediático israelí opera bajo una lógica de regulación estructural de la información, que no solo determina lo que puede publicarse, sino también los límites del discurso público y los marcos interpretativos dominantes.
En última instancia, estas dinámicas inciden en la construcción del relato informativo tanto dentro como fuera de Israel, manteniendo la cuestión palestina dentro de narrativas que condicionan su representación pública y limitan la pluralidad de perspectivas.
