El juez Juan Carlos Peinado acordó este sábado la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez en el marco de una causa en la que se investigan presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. La decisión judicial se extiende también a su asesora, Cristina Álvarez.
En el auto, el magistrado impone una serie de medidas cautelares, entre ellas la retirada de todos los pasaportes, la prohibición de salida del territorio español y la obligación de comparecer ante el juzgado cada quince días.
Según argumenta, estas medidas responden al riesgo de fuga y a la necesidad de garantizar la presencia de las investigadas durante el desarrollo del proceso judicial.
La resolución se produce pocos días después de la audiencia preliminar celebrada en Madrid, en la que las acusaciones populares, lideradas por la organización Hazte Oír, solicitaron expresamente la adopción de estas medidas.
El juez ha estimado dichas peticiones y ha dado paso a la fase de juicio oral.
La decisión ha generado una rápida reacción en el ámbito político. Desde el Gobierno y el PSOE consideran que las medidas adoptadas resultan desproporcionadas y carecen de base jurídica suficiente.
Por su parte, la defensa de Begoña Gómez ha anunciado que recurrirá las medidas cautelares ante instancias superiores.
El calendario definitivo del juicio quedará ahora condicionado por la resolución de los recursos que puedan interponerse en los próximos días.
