El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que más de un millón de personas presentaron solicitudes para regularizar su situación administrativa antes del cierre del proceso extraordinario, que concluyó este martes.
Sánchez calificó la iniciativa como un paso clave para reducir la vulnerabilidad de cientos de miles de inmigrantes en situación irregular y reiteró su compromiso con una política migratoria «legal, segura y ordenada».
Además, subrayó que la inmigración es fundamental para responder a las necesidades del mercado laboral y al envejecimiento de la población española.
Las autoridades dispondrán ahora de tres meses para examinar las solicitudes y decidir sobre la concesión de permisos de residencia y trabajo, válidos únicamente dentro de España.
Para acceder al proceso, los solicitantes debían acreditar una residencia continuada de al menos cinco meses antes del 1 de enero de 2026, además de presentar un certificado de antecedentes penales limpio.
Coincidiendo con el cierre del procedimiento, el Ejecutivo anunció también el lanzamiento de un Plan de Integración y Ciudadanía, dotado con un presupuesto inicial de 500 millones de euros para su primer año de aplicación.
