Una fotografía aérea de varios vehículos circulando cerca de Fnideq ha vuelto a situar a Marruecos en el centro de las acusaciones relacionadas con los acontecimientos de Ceuta de los días 30 y 31 de julio.
Algunos medios españoles han presentado las imágenes como un indicio de que vehículos de alquiler habrían sido utilizados para trasladar personas hacia la ciudad.
Sin embargo, entre una imagen y una acusación de coordinación estatal existe una distancia que las informaciones difundidas hasta ahora no han conseguido cubrir.
La fotografía no permite identificar de manera concluyente las matrículas, las empresas propietarias o de alquiler, los conductores ni la naturaleza de los desplazamientos.
Tampoco se han presentado contratos, pagos, comunicaciones, órdenes administrativas o documentos oficiales que permitan establecer que esos vehículos actuaban bajo instrucciones de las autoridades marroquíes.
El hecho de que varios vehículos circulen por la misma carretera y en una dirección similar tampoco constituye una prueba extraordinaria.
Fnideq forma parte de uno de los principales corredores de movilidad del norte de Marruecos, especialmente activo durante los meses de verano, cuando aumentan considerablemente los desplazamientos entre Tetuán, Martil, M’diq y Fnideq.
Más relevante aún es el contexto en el que se produjeron los acontecimientos. La movilización hacia Ceuta estuvo precedida por una intensa actividad en redes sociales, con llamamientos, puntos de encuentro y mensajes que difundían supuestas facilidades para alcanzar la ciudad.
Al mismo tiempo, las autoridades marroquíes desplegaron dispositivos para contener los desplazamientos hacia la frontera e impedir los intentos de entrada irregular.
Por tanto, atribuir automáticamente al Estado marroquí cualquier movimiento de personas o vehículos registrado en las proximidades de Fnideq supone confundir una posible actividad individual con una supuesta decisión gubernamental. Son dos cuestiones completamente diferentes desde el punto de vista probatorio.
Incluso en el supuesto de que una investigación demostrara que determinados conductores transportaron deliberadamente a personas con intención de llegar a Ceuta, ello no demostraría que existiera una operación coordinada por Rabat.
Para establecer una responsabilidad estatal serían necesarias pruebas concretas que acreditaran la existencia de instrucciones, coordinación o participación institucional.
Y precisamente ese elemento continúa sin estar acreditado. El director general de la Policía Nacional española, Francisco Pardo, afirmó el pasado 2 de septiembre que no existía un informe que permitiera atribuir la planificación o ejecución de los acontecimientos del 30 y 31 de julio a un Gobierno, organismo, institución o persona concreta.
La cuestión, por tanto, no es qué interpretación puede hacerse de una fotografía, sino qué demuestra realmente.
Una imagen de vehículos circulando cerca de Fnideq puede generar preguntas, pero no puede convertirse por sí sola en una prueba de una operación de Estado. Transformar una sospecha en una acusación contra Marruecos exige evidencias verificables, no conclusiones construidas sobre una imagen ambigua.
