España afronta una de las campañas de incendios forestales más complejas de los últimos años con una reducción significativa de sus recursos aéreos, después de que los helicópteros Kamov Ka-32 quedaran fuera de servicio por la imposibilidad de realizar su mantenimiento obligatorio.
Las restricciones impuestas por la Unión Europea a Rusia han bloqueado el suministro de repuestos y la llegada de personal técnico especializado, condiciones indispensables para certificar la operatividad de estas aeronaves, consideradas durante años una herramienta esencial en las labores de extinción.
La retirada de los Kamov afecta a dispositivos desplegados en comunidades como Andalucía, Aragón, Extremadura y Castilla-La Mancha, lo que obliga a reforzar las operaciones con otros modelos de helicópteros.
Diversas informaciones apuntan, además, a que el Gobierno no logró obtener una excepción que permitiera mantener en servicio estos aparatos destinados exclusivamente a la lucha contra incendios.
Ante este escenario, las empresas responsables de los servicios de extinción han reestructurado sus flotas incorporando aeronaves occidentales, una alternativa que, según especialistas del sector, supone un mayor coste operativo y puede ofrecer un rendimiento inferior en determinadas misiones de gran complejidad.
Mientras las sanciones permanezcan vigentes, España deberá afrontar la temporada de alto riesgo sin uno de sus medios aéreos más eficaces para combatir los grandes incendios forestales.
