La hipótesis que apuntó inicialmente a Marruecos como responsable de la entrada masiva de migrantes registrada en Ceuta los días 30 y 31 de julio se enfrenta ahora a importantes matices a medida que trascienden nuevos detalles de las investigaciones españolas.
El director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, ha precisado que el informe de seguridad trasladado a la Audiencia Nacional no establece que Marruecos ni sus fuerzas de seguridad estuvieran detrás de la planificación o ejecución de los acontecimientos.
Esta aclaración debilita una de las principales acusaciones que se formularon contra Rabat durante las primeras fases de la crisis.
Aunque el documento apunta a la existencia de determinados elementos de organización previa entre los participantes, esta circunstancia no permite establecer por sí misma una conexión con las autoridades marroquíes.
Del mismo modo, la circulación de mensajes a través de las redes sociales o los indicios de coordinación entre algunos de los migrantes no constituyen, según lo conocido hasta ahora, una prueba de que la movilización fuera promovida o dirigida por el Estado marroquí.
La propia posición mantenida por el Gobierno español contribuye a reforzar esta cautela. El presidente Pedro Sánchez ha reiterado en el Congreso que los servicios españoles de seguridad e inteligencia no han encontrado pruebas que permitan afirmar que las autoridades marroquíes organizaron la entrada masiva en Ceuta.
Madrid ha mantenido, al mismo tiempo, su apuesta por preservar la cooperación con Rabat en materia migratoria, especialmente en el control de los flujos irregulares.
El desarrollo de las investigaciones pone de relieve la diferencia entre las sospechas y acusaciones difundidas durante los primeros días de la crisis y aquello que posteriormente han podido acreditar las pesquisas.
Algunas imágenes y testimonios fueron interpretados como indicios de una posible permisividad por parte de determinados agentes marroquíes, pero incluso la eventual existencia de actuaciones individuales no demostraría por sí sola que hubiera una orden o estrategia oficial para facilitar la entrada masiva.
La cuestión plantea ahora un escenario diferente, en el que adquieren mayor relevancia las decisiones adoptadas en el lado español. El informe policial fue elaborado por requerimiento judicial y su contenido no estaba destinado a ser conocido previamente por determinados responsables de la Administración, circunstancia que habría causado sorpresa en el Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska.
A partir de este punto, el foco del debate comienza a desplazarse hacia la capacidad de anticipación de las autoridades españolas: qué información manejaban los servicios de seguridad antes del 30 de julio, cuándo tuvieron conocimiento de una posible movilización y qué medidas fueron adoptadas para evitar que la situación desembocara en una entrada de tal magnitud.
Más allá de las responsabilidades que puedan determinarse al término de las investigaciones, los datos conocidos hasta ahora aconsejan distinguir entre los indicios sobre una posible organización de los cruces y la existencia de pruebas que permitan atribuir esa operación a las instituciones del Estado marroquí.
