El regreso a Marruecos de más de 5.300 migrantes que llegaron anteriormente a Ceuta supone un avance significativo en la gestión de las consecuencias de la última crisis migratoria, según datos oficiales españoles.
Las cifras indican que una parte importante de estas personas regresó voluntariamente, mientras que otras renunciaron a sus solicitudes de protección internacional e iniciaron los procedimientos de salida.
Todo ello mientras las autoridades españolas continúan afrontando las consecuencias humanitarias y administrativas de la crisis.
La evolución del expediente se produce en un contexto de creciente presión sobre el Gobierno de Pedro Sánchez por la gestión de la situación en Ceuta.
La oposición y las autoridades locales han cuestionado la capacidad de los centros de acogida y las condiciones existentes, al tiempo que continúan registrándose protestas relacionadas con la presencia de migrantes en distintos espacios públicos.
Sin embargo, las cifras de retorno ponen de manifiesto que una parte considerable de las consecuencias de la crisis está siendo encauzada mediante los mecanismos de retorno y la coordinación con Marruecos.
Esto sitúa el debate político español ante una paradoja evidente: Madrid necesita la cooperación de Rabat para contener la inmigración irregular, mientras determinados sectores políticos intentan convertir la crisis de Ceuta en una nueva herramienta de presión contra Marruecos.
Los datos vuelven a poner de relieve que la gestión de las consecuencias de la crisis de Ceuta no depende únicamente de las medidas adoptadas por España, sino también, en buena medida, de la coordinación con Marruecos, especialmente en materia de retornos y de prevención de nuevos intentos de entrada irregular.
