La posible reactivación de la pena de muerte en Argelia, suspendida en la práctica desde hace más de 30 años, ha generado críticas entre juristas y organizaciones de derechos humanos.
La iniciativa habría cobrado fuerza tras los recientes incendios registrados en el país y plantea dudas sobre las garantías judiciales.
El activista Boujemaa Ghir sostiene que la legislación argelina ya contempla penas severas para los incendios provocados con resultado mortal, mientras que el abogado y defensor de derechos humanos Abdelghani Badi alerta sobre los riesgos de aplicar castigos irreversibles en un sistema cuestionado por sus garantías procesales.
La eventual recuperación de las ejecuciones podría afectar también a cientos de personas condenadas a muerte desde los años noventa.
Sus detractores consideran que la medida reforzaría una respuesta represiva frente a las crisis y podría aumentar las críticas internacionales hacia Argelia en materia de derechos humanos.
